La Justicia provincial ordenó el arresto domiciliario de Luciano Javier Andrada y Daiana Solange Krenz, representantes de la constructora AKSA SAS, en el marco de una causa por múltiples estafas. La medida contempla un monitoreo electrónico a cargo del Cecom y, en caso de no estar disponible ese sistema, la supervisión se hará mediante una concurrencia policial diaria a sus domicilios.
La resolución fue dispuesta por el Tribunal de Impugnación Penal (TIP), que hizo lugar parcialmente al recurso presentado por el abogado querellante Álvaro Carlos Ruggiero. De este modo, se revocó en forma parcial la decisión del juez de Control que, en la audiencia del pasado 31 de marzo, había rechazado las medidas de coerción solicitadas.
El TIP argumentó que existen riesgos procesales concretos, y si bien consideró excesiva la prisión preventiva solicitada, entendió que era necesaria una medida sustitutiva más estricta que las ya vigentes.
Riesgos procesales
Ruggiero planteó que Andrada y Krenz están formalizados por al menos 15 hechos de estafa, que continuaron delinquiendo mientras estaban bajo medidas sustitutivas, y que intentaron amedrentar a las víctimas. Además, señaló el riesgo de fuga, señalando que Andrada residió en el exterior, que ambos imputados no entregaron sus pasaportes —alegando extravío—, y que no tienen trabajo registrado ni arraigo económico, a pesar de haber acumulado importantes sumas de dinero a través de las maniobras investigadas.
El fallo destacó que, en principio, existen elementos que indicarían que los imputados intentaron obstruir el proceso judicial y podrían continuar haciéndolo en libertad. Por eso, se consideró necesario aplicar el arresto domiciliario con monitoreo hasta que finalice el proceso.
Audiencia previa
El pasado 31 de marzo, Andrada y Krenz enfrentaron una nueva audiencia por cuatro nuevos hechos de estafa, sumando un total de once víctimas representadas por la querella. Durante esa instancia, el juez Néstor Ralli rechazó la prisión preventiva solicitada por Ruggiero, aunque impuso restricciones de acercamiento hacia los denunciantes.
Desde la querella expresaron su malestar con el fallo anterior, al considerar que los imputados continúan siendo un riesgo y podrían seguir cometiendo estafas. Las víctimas esperaban una medida más firme para evitar nuevos perjuicios.